Bregman rechaza baja de imputabilidad para menores
Crítica a la reducción de edad de imputabilidad
La política de izquierda expresó su firme rechazo hacia la propuesta de reducción de la edad de imputabilidad, cuestionando las medidas impulsadas desde el gobierno nacional. La edad de imputabilidad constituye uno de los temas más debatidos en materia de política criminal, especialmente en el contexto de las nuevas orientaciones que buscan endurecer los criterios punitivos hacia menores de edad.
Bregman argumentó que las políticas enfocadas en bajar la edad de imputabilidad no representan una solución efectiva para los problemas de seguridad pública, sino que, por el contrario, generan efectos contraproducentes en el sistema de justicia juvenil. La dirigente cuestionó directamente las iniciativas del presidente Milei, señalando que estas medidas carecen de fundamento científico y contradicen estándares internacionales de protección de menores.
Defensa de los derechos de menores infractores
La legisladora enfatizó la importancia de proteger los derechos fundamentales de los menores que cometen infracciones, incluso en casos de delitos graves como homicidio o robo. Argumentó que la edad de imputabilidad existe precisamente para reconocer que los adolescentes se encuentran en una etapa de desarrollo neurológico y psicológico que los diferencia de los adultos, justificando un tratamiento legal diferenciado.
Según Bregman, reducir la edad de imputabilidad implicaría enviar a menores de edad a prisiones convencionales, sometiendo a niños y adolescentes a un sistema penitenciario diseñado para adultos. Esta posición se alinea con convenciones internacionales sobre derechos de la infancia que priorizan medidas socioeducativas sobre el encarcelamiento de menores.
Contexto de la propuesta gubernamental
La iniciativa de bajar la edad de imputabilidad forma parte de un paquete más amplio de reformas judicales implementadas por la administración actual. Estas medidas responden a presiones políticas y demandas ciudadanas sobre seguridad pública, particularmente en contextos donde se registran casos de menores involucrados en delitos que generan alarma social.
La propuesta busca permitir que adolescentes menores de la edad actualmente establecida sean procesados como adultos ante determinados delitos, una práctica que cuenta con detractores en sectores académicos, de derechos humanos y políticos progresistas que consideran estas iniciativas como retrocesos en materia de protección infantil.
Perspectiva alternativa sobre política criminal
Bregman presentó una visión alternativa centrada en políticas de reinserción social y educación para menores infractores. La dirigente argumentó que invertir recursos en programas de rehabilitación, educación y acompañamiento psicológico resulta más efectivo que el encarcelamiento para reducir la reincidencia y abordar las causas estructurales que conducen a la delincuencia juvenil.
La política de izquierda subrayó que la mayoría de menores infractores provienen de contextos de pobreza extrema, falta de acceso a educación y abandono familiar. Desde su perspectiva, las soluciones debe contemplar la atención integral de estos factores socioeconómicos en lugar de simplemente aumentar las penas y bajar la edad de imputabilidad.
Posicionamiento ante el debate público
La intervención de Bregman se produce en un momento de intenso debate legislativo sobre seguridad pública y justicia penal. Su crítica representa el posicionamiento de sectores políticos que priorizan un enfoque de derechos humanos por encima de medidas punitivas más severas. Esta tensión entre seguridad y derechos refleja una de las principales fracturas ideológicas en la agenda política actual.
La edad de imputabilidad seguirá siendo tema de controversia mientras continúen presentándose propuestas para su modificación. Los argumentos presentados por Bregman aportan una perspectiva que enfatiza la necesidad de considerar el desarrollo infantil, las realidades sociales de los menores infractores y la efectividad real de diferentes enfoques punitivos al momento de diseñar políticas públicas en materia de justicia.
